La verdad de la milanesa es que esta ley perjudica el negocio inmobiliario que tienen las grandes cadenas con la pequeñas y medianas empresas de la alimentación.

Son tres los negocios que existen detrás de una cadena de supermercados, el primero y el principal, que en determinados momentos de la economía pasa a segundo plano, es el negocio inmobiliario, este permite la venta de espacios en toda la superficie del hiper o del super, desde unos centímetros más en góndola, una o varias punteras y en todos los demás lugares donde las marcas soliciten para tener la posibilidad de comunicarse con su consumidor.

La ley de góndolas ataca directamente la rentabilidad del lineal y eso las cadenas, no lo van a permitir.

El segundo negocio de estos buenos muchachos se centra en la bicicleta financiera, todos sabemos que hoy la cadena de pagos se alarga para aquellas fabricas que le venden hoy y cobran sus venta a los 120 días, por poner un lapso de tiempo, teniendo en cuenta que sus ventas algunas son en efectivo y en su mayoría tarjetas, donde las ventas llegan a sus manos no más allá de las 96 hs. Papito como habrán ganado en estos últimos tiempos, mientras las pobres PYMES (Pequeñas y medianas empresas) tienen que financiar a estos monstruos del privilegio en volúmenes.

Y por último el tercer negocio, que tendría que ser el principal, y es la rentabilidad que obtienen por ser un nexo entre fábricas y consumidores, es decir lo que debe ganar un comercio por comprar productos y ofrecérselos a quien lo consume. Aquí también se presenta la dulce tentación de oprimir al necesitado para obtener la mayor ganancia posible, si compras un kilo de manzanas al productor en $ 5 el kilo y lo vendes al público en 50 mangos, vaya ganancia querido.!!!

La sanata de las cadenas, aduciendo que “la pérdida de puestos de trabajo, por pérdida de rentabilidad y eficiencias, se estima entre 5000 y 7000 personas, y que se prevé un aumento de los costos laborales en la cadena de comercialización del 20% y un aumento de precios de venta final al público por traslado de costo incremental del 10% al 12%. Es así que el proyecto pone en riesgo a toda la cadena de comercialización que abastece al 70% del mercado. Teniendo en cuenta además que, de los 10 mayores empleadores privados de la Argentina, 4 son cadenas de comercialización que serán afectados por la norma en cuestión”.

 Yo solo digo esto: nadie compara el cacareo de las grandes cadenas con relación a los 60.000 puntos de ventas que murieron, entre ellos 30.000 kioscos y una cantidad similar de autoservicios y almacenes, y nadie hizo nada para evitarlo, porque todos ellos desaparecieron gracias a las políticas económicas implementadas por el gobierno saliente.

Y ahora se quejan porque quieren poner un poco de igualdad a un mercado cada vez más desnutrido y en proceso al colapso… esto no tiene razón de ser.